En ellos están involucradas personas de distintos ámbitos, pero resultan especialmente graves cuando se refieren a autoridades públicas y a organismos del Estado, que por su naturaleza están al servicio del bien común, especialmente de las personas vulnerables. Los pobres son los grandes perjudicados con estas conductas y ello debe ser motivo de una fuerte condena social. Más allá de lo que la justicia decida, estos hechos expresan una crisis ética de proporciones y requieren de una actuación fuerte y decidida por parte de los órganos llamados a juzgar, de los cuales se espera celeridad, objetividad y transparencia; como así mismo, el respeto a la honra de las personas, particularmente al dar a conocer informaciones.

2. Como sociedad debemos ser conscientes que estos procesos de corrupción vulneran muy
gravemente la justicia social y son motivo de un aumento cada vez más significativo de la
desconfianza de la ciudadanía en las instituciones esenciales del país y en un desprestigio de la
vida política, social y económica. Así mismo, destruyen los vínculos de solidaridad entre las
personas y fomentan el relativismo moral que hace perder el sentido de comunidad, de pertenencia a
una misma sociedad y, al final, da lugar al egoísmo como regla esencial del actuar humano.

3. Es particularmente grave que estos acontecimientos afecten, en muchos casos a los órganos
públicos y a sus funcionarios, o a particulares que colaboran en la aplicación de políticas en bien de
los más desprotegidos. “Porque la administración pública, a cualquier nivel —nacional, regional,
municipal— como instrumento del Estado, tiene como finalidad servir a los ciudadanos: El Estado,
al servicio de los ciudadanos, es el gestor de los bienes del pueblo, que debe administrar en vista del
bien común” (Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, 411). Motivo de especial gravedad es
que la corrupción afecte aquel poder del Estado, llamado a dirimir las controversias, como es el
caso del ámbito judicial.

4. Los hechos que comentamos afectan indefectiblemente a nuestro sistema democrático,
que en vez de verse asegurado por una auténtica imparcialidad para promover a los cargos de
conducción del Estado a los mejor preparados, se va transformando en un verdadero sistema de
influencias, que compromete su correcto y justo funcionamiento.

5. El sustrato más esencial del proceso que venimos viviendo en este ámbito es de orden
moral, es decir de conductas no solo posiblemente delictivas, sino éticamente reprochables, en las
que el uso de la autoridad se convierte en abuso de poder y que genera una escalada de realidades
que afectan a todos los ciudadanos y van haciendo crecer un estado de crispación social y
cansancio, que termina por justificar las propias conductas abusivas e inmorales, no solo de
los poderosos, sino de las personas comunes. 

6. Todos debemos reaccionar adecuadamente ante estos males, cuyos gérmenes tienden
siempre a extenderse. Pero ello es particularmente exigible a los órganos públicos llamados a
investigar y sancionar estas conductas, que deben adoptar decisiones drásticas y eficaces, que
permitan recuperar la confianza pública perdida. Es necesario adoptar políticas que conduzcan a
poner en el centro de nuestros comportamientos la honradez, el respeto a los bienes ajenos, no
sólo los materiales necesarios para una vida digna, sino también otros intangibles pero reales,
especialmente los espirituales; que necesitamos para el bienestar al que todos tenemos
derecho.

7. Pedimos a Dios, Padre de todos, que nos conceda la fortaleza y sabiduría para preservar a
nuestro país como un lugar donde no haya espacio para ningún tipo de abusos y en el que los bienes
del amor a Dios y al prójimo, regla esencial de nuestro comportamiento, guíen siempre nuestras
actuaciones.

El Comité Permanente de la Conferencia Episcopal de Chile
+ René Rebolledo Salinas
Arzobispo de La Serena
Presidente
+ Ignacio Ducasse Medina
Arzobispo de Antofagasta
Vicepresidente
+ Juan Ignacio González Errázuriz
Obispo de San Bernardo
+ Fernando Chomali Garib
Arzobispo de Santiago
+ Sergio Pérez de Arce Arriagada, ss.cc.
Arzobispo de Concepción
Secretario General